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Política Antirecesión

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La serie de tendencia ciclo, del mismo IMACEC, mostraba con elocuencia una caída brusca de los niveles de actividad desde el segundo trimestre de 2008. Esta serie nos reporta una economía chilena completamente estancada desde julio del año pasado.

 

La crisis internacional se está haciendo sentir con fuerza en los países desarrollados, y los principales indicadores de la economía chilena comienzan a mostrar los primeros efectos en la producción y el empleo. El PIB del año 2009 será negativo, con una caída de la actividad más acentuada en el primer semestre, y la desocupación se situará en los dos dígitos en los meses de invierno. Desde la perspectiva de la demanda agregada, no se encuentran espacios que permitan sustentar una leve expansión, sólo un optimismo moderado y la capacidad competitiva de las exportaciones, las cuales en ningún caso podrán compensar la restricción de la demanda interna

 

Sin duda que el impacto en el primer semestre será significativo, y junto con el peak de la contracción de la actividad productiva, los efectos se trasladarán al mercado laboral, y de no mediar acciones decididas y oportunas podríamos llegar a tasas de desocupación en torno al 12%, es decir alrededor de 900.000 personas sin empleo.

 

La transposición de los elementos de la demanda agregada hacia los sectores productivos también será bastante asimétrica, lo cual sin duda explicará la curva al alza del desempleo.

 

El PIB Pro Empleo muestra que la contracción de la actividad será aún más dura en los sectores productivos que son más intensivos en el uso de la mano de obra, ya que los sectores orientados a la exportación son más intensivos en capital y recursos naturales.

 

Así, la restricción de demanda agregada será más intensa en los componentes de la demanda interna, en especial en el gasto de inversión que ve un agotamiento del ciclo expansivo de la edificación, y coincide además, con una fuerte contracción de la ejecución de obras de infraestructura privada. El único elemento de contrapeso en este contexto es la inversión pública, aunque su incidencia en el gasto de inversión en construcción es relativamente baja, y por ende se requiere de la activación de un programa de inversiones más amplio de lo que hasta el momento se ha pensado y diseñado.

 

Sin embargo, la política fiscal se ha hecho partícipe de este diagnóstico e inició el año con anuncios significativos cuya implementación es de alta prioridad. El programa de estímulo fiscal compromete recursos por US$ 4.000 MM. Entre las medidas de estímulo económico más importantes están las siguientes:

 

- incremento en US$ 700 MM de la inversión en OOPP,

- eliminación transitoria del impuesto de timbres y estampillas,

- incremento transitorio de los beneficios de la Ley 701 de incentivos a la forestación,

- pago de un bono especial de $40.000 a 1.700.000 familias de escasos recursos,

- creación de un subsidio para la contratación de trabajadores entre 18 y 24 años.

 

El impulso efectivo, llega a los US$ 1.600 MM, ya que otras medidas contribuyen al financiamiento global como lo planteado en términos de reducir los PPM, o los aportes de capital de Codelco, que serán de menor impacto al momento de estimular la actividad.

 

Por otra parte, el Banco Central aún mantiene una TPM excesivamente alta, y sus señales siguen siendo equivocadas, pues sus reiterados anuncios de próximas reducciones no son las que hacen que los agentes tomen decisiones de acceder a financiamiento. A lo anterior hay que agregar que el sistema financiero discrimina en contra de las PYMES.

 

Las operaciones en moneda nacional tienen diferentes condiciones, según se trate de grandes o pequeños montos. Mientras más pequeño el crédito, más alta es la tasa de interés cobrada por el banco. El problema es que esta diferencial es tan alta que el costo promedio de un crédito para una pequeña operación puede llegar a ser un 300% superior al de una más grande, como en efecto ocurre actualmente.  Estamos frente a una falla del mercado, que requiere de mayor voluntad política del Banco del Estado para que efectivamente se mejore el acceso al crédito de los más pobres y también de las micro y pequeñas empresas.

 

En consecuencia la CEPS, manifiesta la necesidad de seguir avanzando en políticas de apoyo a los más débiles en la economía, las familias más pobres del país y las micro y pequeñas empresas, que generan la mayor parte del empleo nacional. Sin embargo, ya debemos tener presente la dura situación que se está configurando, y que llegará a su peak en junio-julio de este año, y por ende un nuevo impulso fiscal es prioritario de anunciar en este mes de marzo, para que pueda estar en pleno funcionamiento cuando la ciudadanía lo requiera.

  
DIEZ PROPUESTAS URGENTES DE LA CEPS PARA AFRONTAR LA RECESIÓN Y EL DESEMPLEO.  

PYMEs:

 

Ante las actuales condiciones restrictivas del mercado, la pequeña empresa tiene dificultades ante la banca para demostrar su viabilidad. Los ingresos tienden a disminuir, los costos a aumentar y la rentabilidad desaparece. ¿Qué hacer entonces?

 

1. proponemos volver a recapitalizar al Banco del Estado con otros US$ 500 millones para que éste de manera extraordinaria salga a ofrecer créditos a las Micro y PYMEs del país. Para tales efectos, la tasa de colocación de estos préstamos no debiera exceder la tasa máxima convencional utilizada para los créditos de las operaciones grandes (> 5.000). En otras palabras, la brecha competitiva de las PYMEs con las Grandes Empresas tendería a cerrarse. El resto de la banca estaría obligada a seguir esta política, si no quiere perder su participación de mercado.

 

2. Los distintos Ministerios y Servicios Públicos debieran regularizar inmediatamente su deuda con el sector privado. Se busca así el cumplimiento del instructivo presidencial que fija un plazo máximo de 30 días para el pago del sector público a sus proveedores PYMEs.

 

Política Monetaria y Cambiaria:

Parece oportuno entregar señales de seguimiento cercano de reducción del costo financiero, de competitividad crediticia y cambiaria. Para ello el Banco Central debe mostrar predisposición para:

 

1. Proseguir con una política monetaria expansiva cuando aún resta espacio para ajustar la TPM a la baja.

 

2. Mostrar al mercado un estado de alerta para evitar la especulación cambiaria mediante acciones de intervención que aseguren una flotación adecuada del valor del tipo de cambio.  

 

Política Fiscal:

En momentos de holgura financiera, el Estado pudo ahorrar los ingresos extraordinarios obtenidos por el mayor precio del cobre. Por el contrario, en una situación de recesión, como la actual, el Gobierno debiera hacer uso de una parte de los recursos ahorrados, para apoyar la actividad económica y el empleo.

1. Preparar un programa especial de OOPP que sea complementario al ya anunciado en enero, por otros US$ 1.000 MM cuya ejecución debiera comenzar en el segundo semestre de este año.  Estos recursos adicionales serían invertidos para financiar un Plan Nacional de Modernizaciones y Reparaciones de la actual infraestructura física de los Establecimientos Educacionales Municipalizados, Hospitales Públicos y Consultorios de Salud.    

 

2. Desarrollar un Programa Nacional Extraordinario de Capacitación de Internet para Trabajadores Desocupados y que acrediten su condición de jefes de hogar. Esta capacitación debiera operar al nivel de los municipios que muestren mayores tasas de desempleo nacional. Los beneficiarios de este Programa debieran ser contratados a un plazo fijo de cuatro meses.   

 

Políticas Sociales:

El país sufre enormes desigualdades sociales que es necesario mitigar en los momentos difíciles. Por lo tanto se requiere expandir el gasto social en los más necesitados y ampliar así sus derechos económicos y sociales.

 

1. A partir del mes de Mayo, el Estado debiera aumentar al doble el beneficio de la Asignación Familiar.

 

2. Se propone destinar un Bono Especial de Invierno de $60.000 que sería entregado en el mes de Julio, para paliar así los gastos extraordinarios de calefacción y abrigo que deberán sustentar las familias más pobres.

 

3. Determinar un Formulario Nacional de Medicamentos, que incluya los remedios crónicos de las enfermedades establecidas en el Plan Auge. Los laboratorios encargados de proveer estos productos serían llamados a participar en una gran licitación internacional y luego el Ministerio de Economía podría fijar el precio de venta a público de estos fármacos, de manera semestral.

 

4. En los Hospitales Públicos del país, implementar una red de farmacias públicas que marginen remedios en función de una rentabilidad final unitaria del 10%. De esta manera, el mercado farmacéutico tendería a normalizarse, incentivándose así una competencia más sana en el sector de la salud pública.    

    

Santiago, 6 de Abril 2009